La orden del Presidente de la República, Gustavo Petro, de liquidar las Empresas Promotoras de Salud que están en quiebra encendió las alarmas en el país.

Son estas Famisanar (2,9 millones de afiliados), Coosalud (3,2 millones), Asmet Salud (1,8 millones), Emssanar (1,7 millones), Savia Salud (1,6 millones), Servicio Occidental de Salud (750.000) y Capresoca (170.000).

Estas siete EPS fueron intervenidas por el Gobierno Nacional, a raíz de la crisis que arrastran desde hace varios años. La liquidación de estas entidades llevaría a un posible colapso en el sistema de salud, pues los afiliados serían trasladados a otras instituciones.

Lo peor del asunto es que en su mayoría terminarían en la Nueva EPS, que es del Estado e igualmente se encuentra intervenida por el Gobierno y presenta una seria crisis en su funcionamiento. Esta entidad tiene 11 millones  de afiliados siendo la más grande del país.

La postura de Petro

El Presidente basó su decisión de ordenar la liquidación, en que el Congreso no aprobó la reforma a la salud que impulsó durante su Gobierno, que termina el próximo 7 de agosto.

"Las EPS (...) todas las que estén en quiebra, se liquidan, dentro o fuera, ya no tenemos alternativas, el Congreso no aprobó la reforma (...) Esa reforma se presentará de nuevo el 20 de julio (cuando asuma el nuevo Congreso, elegido el pasado 8 de marzo en las elecciones legislativas)", expresó Petro durante un consejo de ministros.

Lo anterior, pese a que  el sistema de salud colombiano atraviesa una crisis estructural denunciada por pacientes, organizaciones médicas y observadores sociales, caracterizada por la escasez de medicamentos esenciales, interrupciones en tratamientos y crecientes barreras de acceso para los afiliados.

Denuncias recogidas recientemente por EFE muestran a familiares de pacientes con enfermedades de alto costo que, aun con órdenes médicas autorizadas, no consiguen los medicamentos necesarios ante la falta de suministros por parte de las EPS, especialmente de la mayor del país, Nueva EPS, intervenida por el Gobierno por problemas financieros y administrativos.

La Defensoría del Pueblo y otros entes han documentado que las quejas por falta de entrega de medicamentos, demoras en atención especializada y otros servicios han aumentado de manera sostenida en los últimos años, reflejando un "deterioro profundo" de la atención.

Según Petro, su orden de liquidar a estas EPS "no deja a las personas desamparadas en Colombia".

"El sistema de prevención ya en acción cubrirá al 100% de la población. Los afiliados de EPS liquidadas serán atendidos por las EPS que queden, como hasta ahora ha sido", manifestó.

Explicó que las EPS que queden desarrollarán los sistemas preventivos territorializados, "para que sean eficaces, la prevención la pagará el gobierno, el sistema que ya desarrollamos y que ya cubre un 50% de la población se trasladará a las EPS por territorios".

Añadió que la Nueva EPS pública "será adscrita al ministerio de salud y hacienda y el gobierno nacional pagará la deuda que le pertenece directamente a sus acreedores a través de Adres".

La orden de liquidar las EPS quebradas, tal como ordena la ley, no deja a las personas desamparadas en Colombia
Por:

1. El sistema de prevención ya en acción cubrirá al 100% de la población

2. Los afiliados de EPS liquidadas serán atendidos por las EPS que queden, como hasta… https://t.co/RpwAta8vlo

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026

La crisis de la Nueva EPS

La Procuraduría General de la Nación acusó de omisión a la Nueva EPS por la falta de suministro del medicamento al menor Kevin Arley Acosta Picó, quien falleció el pasado 13 de febrero al padecer de hemofilia.

"El informe revelado por la Procuraduría sobre las circunstancias del fallecimiento del menor determinó que la falta de suministro del medicamento conocido como EMICIZUMAB puso el niño en una situación clínica crítica", informó la Procuraduría General de la Nación.

Kevin Arley estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento, pues Medicarte, la IPS que lo atendía, había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes por falta de pago de la Nueva  EPS.

La IPS Integral, que debía recibir los pacientes de Medicarte, no pudo asumir ese compromiso, porque la Nueva EPS tampoco le giraba recursos.

Cuando Kevin falleció no estaba asignado a una IPS.

"La Procuraduría también conoció que otros 2000 pacientes adscritos, primero a Medicarte y después a Integral, podrían estar en alto riesgo, pues no tienen atención médica asegurada", agregaron.

Enviarán una copia de este informe a la Fiscalía General de la Nación para investigar a todos los relacionados en el caso.

La Procuraduría abrirá investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS.

Al caso de Kevin, se suma la muerte de Jeisson Javier Pinzón, de 20 años, quien falleció mientras esperaba que la Nueva EPS le entregara su medicamento.

Fue un martirio lo que vivió este joven durante cuatro meses hasta su muerte, que se produjo el pasado 14 de marzo.

Tenía leucemia linfoblástica aguda y pese a una tutela y desacato a favor, la Nueva EPS no le suministró el medicamento.

Ante este panorama, surge la pregunta: ¿La Nueva EPS sí podrá aguantar el traslado o la llegada de afiliados de las entidades que serán liquidadas?.